La ahora exsenadora suplente del Frente Amplio (FA), Michelle Suárez, duró en el cargo menos de dos meses. La mujer de 33 años debió renunciar luego de que fuera denunciada por falsificar firmas en diferentes documentos. La justicia de Uruguay le abrió una investigación por las presuntas irregularidades en su ejercicio como abogada.
Su lugar en la bancada fue aplaudido de manera unánime por el Congreso porque se convertía en la primera senadora transexual en la historia de Uruguay. No solamente su puesto en la Cámara Alta la hacía digna de elogios, sino también el hecho de haber sido la primera estudiante trans en recibir su título universitario, en el 2010.
La joven política había generado gran expectativa porque desde que asumió dejó en claro que lucharía por un país más inclusivo. De hecho había empezado a trabajar en un proyecto de ley para beneficiar a las comunidades más vulnerables. Su misión era construir una mejor calidad de vida para las personas transgénero, la cual incluía el acceso a la salud, cambio de sexo, subsidios y oportunidades laborales.
No obstante, todo se vino abajo para Suárez cuando se hizo público que pesaba en su contra una denuncia. Una junta de peritos dictaminó que en su labor como abogada Suárez había falsificado al menos tres firmas. El diario El Observador estableció que los facsímiles adulterados pertenecían a su socia Rosario Sánchez. En su declaración ante la justicia, la exsenadora aseguró que no era responsable del delito que se le atribuía.
Bajo el mismo lineamiento, la letrada Sánchez afirmó que en esa causa particular no había tenido intervención. Sin embargo, ese medio mencionó que de acuerdo con las pericias ambas fueron acusadas de falso testimonio. En el caso de la exsenadora trans, los especialistas pudieron confirmar la similitud que conservaban los trazos en la supuesta firma de su compañera; respecto a su socia se comprobó su participación.
Teledoce informó que la causa que puso en jaque a Suárez está relacionada con un asunto de patria potestad que tuvo lugar en el 2014. La abogada fue denunciada por un hombre, del cual no trascendió su identidad, de haber falsificado la documentación. La acusación se dio luego de que él se enterara de que supuestamente había renunciado a los derechos sobre su hija de 6 años.
Lo particular del hecho es que en ese momento la representación legal de la mujer estaba a cargo de Suárez y en el caso del denunciante era ejercida por Sánchez. En este punto los peritos demostraron fehacientemente que la firma del hombre también había sido falsificada.
Tras la renuncia de la exsenadora trans, el propio secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Castillo, admitió en diálogo con Montevideo Portal que él estuvo detrás del pedido. En sus propias palabras el político indicó que una vez que se enteró de los resultados de las pericias se comunicó con Suárez para pedirle que dejara su cargo.
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