El presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, decidió lanzar una medida política que prohíbe por decreto el corte de calles y de rutas cuando de manifestaciones se trata. Sumado a esto, autorizó a los miembros de la Policía a disipar dichas protestas sin necesidad de requerir el aval de la justicia. Diferentes sectores de la sociedad llevaron el reclamo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En diálogo con El Observador, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la OEA, Edinson Lanza, se refirió al decreto como “vago”, “ambiguo” y “un riesgo para el país”. Además, el funcionario consideró que la medida adoptada atenta contra la Carta Democrática de la OEA que entre sus numerales estipula el establecimiento de la “libertad de expresión y derechos de reunión como fundamentales para la democracia”.
Asimismo, el organismo criticó la postura del poder Ejecutivo por considerar que no es consecuente con los acuerdos internacionales que se comprometió a cumplir, ya que pasa por encima de los derechos humanos y civiles que todo ciudadano posee como lo es el derecho a manifestarse. Lo cierto es que la medida, que ya entró en vigencia, no aplicará para las protestas que realizan los diferentes grupos sindicales a modo de huelga.
No obstante, en otra información recopilada por ese medio, las autoridades policiales se hicieron sentir en dos episodios registrados. El primero tiene que ver con un grupo de conductores, que transportaban combustible, pertenecientes al Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA), quienes decidieron cortar la ruta. El segundo con empleados del mismo gremio que obstaculizaron la entrada a la planta Montes del Plata para impedir el ingreso de gasolina.
Los manifestantes se mostraron asombrados por la acción de los uniformados, ya que no solo se había estipulado que el decreto no tendría en cuenta a los sindicatos sino que sumado a esto, varios de los trabajadores fueron detenidos, indagados y señalados de violar las normas, antes de ser puestos en libertad.
De acuerdo al portal oficial de la presidencia de Uruguay, el decreto faculta al Ministerio del Interior a tomar cartas en el asunto y requerir el auxilio de otros organismos ante cualquier situación de protesta con el propósito de “preservar el uso público de las calles”. En cuanto al rol de la Policía, la norma estipula que el fin de su intervención es “garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”.
En el país vecino de Argentina, mientras el Ejecutivo analiza aplicar un manual para prevenir cortes de calles y rutas en Buenos Aires, uno de los partidos políticos estudia la posibilidad de presentar un proyecto de ley para preservar las manifestaciones públicas.
A diario se experimentan en esa nación protestas que involucran a diferentes organizaciones sociales, grupos sindicales y a la misma sociedad. Los titulares de los ministerios de Seguridad, Desarrollo Social y Trabajo se reunirán en los próximos días para trabajar en una estrategia que les permita desarticular a tiempo las protestas.
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